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Niegan acceso a defensora de derechos humanos al CERSS 5

Las autoridades del Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados (CERSS) número 5, negaron el ingreso a Patricia Aracil Santos, coordinadora de la colectiva Cereza, bajo el argumento de que su labor en defensa de los derechos humanos de mujeres privadas de la libertad representa un riesgo para el orden del penal. Incluso, fue señalada como presunta organizadora de un posible motín, acusación que la activista calificó como difamatoria.
En entrevista, Aracil Santos expresó su desconcierto por las imputaciones del Subsecretario de Ejecución de Sanciones Penales y Medidas de Seguridad del estado de Chiapas y recordó que la colectiva Cereza ha acompañado por más de 15 años a mujeres en reclusión, brindándoles apoyo jurídico y psicológico.
“Es preocupante que se criminalice la labor de defensa de derechos humanos y que se intente desacreditar a quienes hemos trabajado con respeto y compromiso por tanto tiempo”, subrayó.
La defensora también denunció condiciones precarias dentro del CERRS No. 5, como la implementación de medidas restrictivas propias de penales federales, limitación de visitas familiares, hacinamiento, carencia de atención médica constante y mala calidad de los alimentos suministrados.
Ante esta situación, diversas organizaciones nacionales e internacionales han manifestado su respaldo a la activista. Tanto la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos de México como Amnistía Internacional, condenaron las declaraciones del funcionario estatal y exigieron respeto a la labor de defensa de derechos humanos, así como el cese de toda forma de criminalización.
Mientras se esclarecen los señalamientos, la colectiva Cereza reiteró su compromiso con la defensa de las mujeres en situación de reclusión y llamó a las autoridades a garantizar condiciones dignas y un trato justo en los centros penitenciarios del estado.
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Familia García Chulín exige avances en la búsqueda de sus desaparecidos

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.– La familia García Chulín, exigió la presentación con vida de tres de sus integrantes, quienes desaparecieron el 23 de noviembre de 2024 en Emiliano Zapata cuando se dirigían a una presunta reparación de su vehículo. Desde ese día, su paradero sigue siendo desconocido.
Días después de la desaparición, las autoridades localizaron el vehículo en el que viajaban junto con otras familias, así como un teléfono celular. Sin embargo, la Fiscalía General de Justicia no ha emitido un informe oficial sobre los avances en la investigación. Ante la falta de respuestas, los familiares, junto con las abogadas de la Colectiva Cereza, anunciaron que este viernes se trasladarán a Tuxtla Gutiérrez para exigir información sobre el caso, pues denuncian que el Ministerio Público se ha negado a proporcionarles detalles sobre las pesquisas.
En conferencia de prensa realizada en un restaurante del centro histórico de San Cristóbal de Las Casas, Kenia García Chulín, hija y hermana de los desaparecidos, recordó que la última vez que habló con sus padres fue el 23 de noviembre. Desde entonces, mantiene la esperanza de que regresen con vida. Entre lágrimas, envió un mensaje a la sociedad y a quienes privaron de la libertad a su familia, pidiendo que toquen su corazón y los devuelvan.
"El gobierno anterior nunca le dio importancia a la investigación. Mis padres y mi hermanito viajaban en un vehículo particular junto con otras familias, pero hasta ahora no sabemos dónde están. Yo sigo luchando y saliendo a las calles para exigir su presentación con vida, porque seguimos esperando respuestas. Con todo el dolor de mi corazón, le mando un abrazo a mi hermanito, quien hoy, 10 de marzo, estaría cumpliendo 13 años", expresó Kenia.
Por su parte, las abogadas de la Colectiva Cereza denunciaron que Kenia, quien actualmente estudia en una universidad, no ha recibido apoyo por parte de docentes ni directivos, lo cual calificaron como indignante. Señalaron que ella ha tenido que salir a las calles y plazas públicas para exigir justicia y la aparición con vida de su familia.
Asimismo, indicaron que este 23 de marzo se cumplirán cuatro meses de la desaparición y hasta la fecha no hay avances claros en la investigación. Por ello, insistieron en la necesidad de que las autoridades esclarezcan el caso y brinden respuestas concretas a la familia.
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Colectiva Cereza denuncia negligencia en el caso del feminicidio de Liliana Guadalupe

La mañana de este jueves, integrantes de la Colectiva Cereza, se manifestaron a las afueras de Palacio de Justicia en San Cristóbal de Las Casas, por el feminicidio de la niña Liliana Guadalupe, quien fue víctima de la negligencia y falta de acción por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE).

En conferencia de prensa, indicaron que durante cinco días, la FGE no activó los protocolos de búsqueda inmediata, como el uso de cámaras del C4 o el rastreo de datos telefónicos, acciones que pudieron haber salvado la vida de la menor en las primeras 24 horas.

"A pesar de contar con herramientas legales como el artículo 303 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que les permite realizar investigaciones urgentes, la Fiscalía tardó en actuar, lo que resultó en la huida del feminicida", aseguraron.

Destacaron que el colectivo Madres en Resistencia ha denunciado estas omisiones y ha acompañado a la familia de Liliana Guadalupe en su búsqueda. "Durante los días, la familia colocó carteles y rastreó posibles ubicaciones, mientras las autoridades se mostraban desinteresadas en ayudar".

Mencionaron que la Fiscalía llevó a cabo un cateo, pero para entonces, el peligroso responsable ya se había escapado. "Este caso refleja la falta de compromiso de las autoridades para proteger a las mujeres. La indignación también se extiende a otros casos de injusticia en Chiapas, donde se acusa a la FGE de fabricar pruebas en contra de personas inocentes, muchas de ellas indígenas".

Agregaron que en el caso de Juana y Ernesto, se han presentado pruebas falsas y violaciones a los derechos humanos, incluyendo entrevistas manipuladas a sus hijos adolescentes, quienes fueron amenazados por la Fiscalía para declarar en su contra. "Este modus operandi de construir casos con pruebas ilegales y prejuicios raciales es una constante en los procesos judiciales de la región".

Denunciaron que el sistema de justicia en Chiapas enfrenta una creciente presión social por cambios radicales. "La corrupción, las alianzas entre fiscales y jueces y las violaciones a los derechos humanos en los procedimientos judiciales son temas urgentes que deben abordarse. Las recientes audiencias relacionadas con el caso de Juana y Ernesto han sido diferidas debido a la presión pública, lo que genera esperanzas de que se logre una revisión justa de los casos planteados".

Finalmente la colectiva Cereza, dijo que La falta de transparencia y la impunidad en estos casos han dejado un amargo sabor en las familias afectadas y en las organizaciones que luchan por la justicia. "Las autoridades deben rendir cuentas por su negligencia y garantizar que las víctimas y sus familias reciban un trato digno y justo. El futuro de la justicia en Chiapas depende de que se tomen acciones contundentes contra la corrupción y el racismo que prevalece en el sistema penal".

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